OPINIÓN: La ciudadanía y el nuevo ciclo político. Por Adolfo Castillo.

La  sociedad  que  ha emergido  tras  la revolución conservadora impuesta  por  los ideólogos  neoliberales  en el viejo régimen, y proyectada en la restauración democratizadora, aún observa con incertidumbre las líneas maestras del  nuevo  gobierno que trazan  una  transformación estructural.  A  diferencia del ciclo restaurador de posdictadura, hoy se requiere del protagonismo ciudadano y de la convicción  democrática de  quienes  lideran el actual proceso político.

¿Cómo conciliar  los intereses contrapuestos,  propios de un orden  democrático, entre  Estado  y sociedad  civil,  y  establecer  bases  estables  para  dar curso a las anheladas  transformaciones  estructurales que  el programa de  gobierno de la Nueva  Mayoría  anuncia? ¿De qué  modo la sociedad  civil, el nuevo asociacionismo democrático,  es genuinamente  integrado  a los procesos decisionales,  no  como  masa de maniobra, legitimadora de acuerdos adoptados en las elites sino  como protagonistas legítimos de la formación de  una nueva  realidad?

Junto  con seleccionar prolijamente al personal que  llega a la gestión de procesos administrativos en el Estado, que  reúnan perfiles de  probidad, solvencia  técnica,  convicción democrática y genuina vocación pública – cuestiones no siempre observables- , parece necesario abordar  la cuestión de las prioridades políticas orientadas  a  viabilizar  formas nuevas de  relación Estado/sociedad  en la  línea de  transformación estructural que señala el programa de  gobierno. No  aplicarse  a tan  central tarea, puede abrir  paso  al desarrollo  próximo de  acciones colectivas no  institucionales, como  caminos  prevalecientes  como  medio de  escucha y presión . Esto  no implica que estén  ausentes por la  presencia de modos  institucionales, no obstante, podrá orientarse  el potencial  democratizador de la  sociedad  civil que permita  la construcción de  acuerdos y el desarrollo de  políticas públicas, especialmente las vinculadas a  derechos ciudadanos,  inclusión activa en gestión pública  local y regional y,  particularmente, en los procesos deliberativos conducentes a la redacción de una nueva  Constitución Política.

Se ha  apuntado en el programa de gobierno que  “recoge la demanda nacional por una Nueva Constitución Política para Chile a impulsar en un proceso democrático, institucional y participativo que permita alcanzar este propósito”. ¿Cómo debe entender  la ciudadanía el que sea un proceso democrático,  institucional y participativo? Por cierto, se trata de  una definición genérica, que  requiere dotarse de  contenido, y lo debe  hacer  en poco  tiempo  político.

Más  allá  de los  avances trazados en el programa que  buscan hacer sustantivo el “proceso”,  es relevante  que las  nuevas  autoridades  y las organizaciones de la sociedad civil  valoren los alcances que  la ley 20.500 sobre  Asociaciones y Participación  ciudadana en la gestión pública, promulgada en febrero de 2010, y  tramitada por años, luego de  un  trabajoso  e  incomprendido  proceso por parte de fracciones de la elite política  parlamentaria y  del ejecutivo. En efecto,  esta  ley,  contiene importantes  dispositivos que  pueden apoyar  la operativización de  los debates  nacionales, regionales, locales, barriales,  de los  grandes  temas que  la sociedad  demanda sean deliberados  en los espacios públicos,  y por el que  apoyaron el programa de la Nueva Mayoría.

La responsabilidad por cumplir  con las normas legales votadas por el Congreso hoy  recaen en ministerios  específicos, los cuales están a tiempo de  procesar información y trabajar  el plan que  haga real  la formación del nuevo ciclo. Estos  ministerios son  en orden de  importancia el  Ministerio Secretaría  General de la Presidencia, pues debe  articular acuerdos  políticos para  la  generación de normas complementarias que  amplíen  las esferas de acción  y deliberación ciudadana, como por ejemplo, “perfeccionar y ampliar los mecanismos de participación comunal, mejorando la legislación que establece los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, estableciendo como política pública los Fondos Concursables y presupuestos participativos, ampliando el ámbito de acción de las Oficinas de Información y Reclamos, mejorando la regulación sobre consultas ciudadanas y plebiscitos”,  establecidos en el  programa.

Por  otra parte, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, responsable del proceso de descentralización y  de adopción de  los mecanismos de  inclusión  ciudadana en las deliberaciones conducentes al nuevo acuerdo constitucional. Cabe  a esa repartición establecer un nuevo  trato con la sociedad  civil y sintonizar con la agenda de la nueva  administración. Como  dice el programa: “Una de las demandas más importante de los ciudadanos, las organizaciones sociales en los territorios, las regiones y también los municipios, es participar en la toma de decisiones sobre los temas que les afectan o incumben directamente”.

Finalmente, la Secretaría de  Gobierno tiene un rol  relevante a través  de la División de Organizaciones Sociales en la operacionalización de un plan que  permita concordar  una agenda  democratizadora con la sociedad civil, el  espíritu  transformador del nuevo gobierno. La política de elite,  a espaldas de la gente,  ha concluido.  Las formas  populistas,  de creer que el mensaje lo es todo, las rencillas palaciegas,  en verdad  no le  importan a nadie a estas alturas.

Una correcta  comprensión de la ley  20.500, no sólo  por  parte de autoridades de Estado, sino  por  líderes de movimientos sociales, redes  y organizaciones, colectivos virtuales y no  virtuales, puede hacer  la diferencia entre  un gobierno de nuevo tipo  o un quinto  gobierno del  viejo  ciclo de  posdictadura.  Es perfectamente  viable  el uso de la Ley  para integrar  en un plan  nacional  concordado entre  estado  y sociedad  civil, los contenidos a deliberar en los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil,  en los Consejos de la Sociedad  Civil del Estado, y en los  instrumentos construidos  a la fecha que  buscan  modificar esta asimetría de poderes  en Chile.  Y temas hay varios: educación, previsión, reformas  tributarias, constitución.

Los dados están echados, y dependerá de la vocación democrática  y la visión de  un Chile  que se inserta en los procesos latinoamericanos democratizadores, lo que  haga la diferencia en el modo en que  se resuelva  la crisis a enfrentarse en 2017.

 Adolfo Castillo, historiador,  cientista político.

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