El Congreso Nacional del Movimiento –realizado en Santiago los días 18 y 19 de enero de 2013- debatió en profundidad el documento de Convocatoria y aprobó el proyecto presentado en la Sesión Inaugural por el Coordinador Nacional Gustavo Ruz Zañartu, y el miembro del Comité de Iniciativa Hernán Bosselin Correa.
Con delegaciones procedentes de todo el territorio -incluyendo de los pueblos originarios mapuche y rapanui- y de las comunidades de chilenos en el exterior, se realizó en Santiago -los días 18 y 19 de enero de 2013- el Congreso Nacional del Movimiento por la Asamblea Constituyente convocado para pronunciarse ante la coyuntura política que se abre con motivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre de 2013.
En el debate se valoró el resurgimiento del movimiento popular como sujeto social agente de cambio. Más allá de sus demandas específicas –estudiantil, mapuche, rapa nui, sindical, ambiental, de género– o de su localización territorial, como las asambleas ciudadanas de Magallanes, Aysén, Calama, Freirina, del Huasco, del Choapa, entre otras, la inmensa mayoría de las movilizaciones sociales apuntaron a la raíz del sistema de dominación instalado en Chile en las últimas 4 décadas y no sólo contra un gobierno o coalición de partidos. La exigencia de Asamblea Constituyente se transformó en el común denominador de las reivindicaciones sectoriales y territoriales de la ciudadanía, lo que obligó a los partidos de la Concertación, presionados por sus bases, a reconocer la legitimidad de esta demanda inscrita en el programa de todas las fuerzas políticas y sociales que nos alzamos contra el régimen dictatorial.
Este movimiento democrático y libertario no nació ayer. Su origen se remonta en la historia hasta lo más profundo de la resistencia mapuche contra la agresión española y se desarrolla desde los primeros días de la fundación de la República –en las proclamas de los padres fundadores, particularmente de Fray Camilo Henríquez- conquistando palmo a palmo, al precio de heroicos sacrificios, nuevos y valiosos espacios de libertad. Tuvo un enorme ascenso y protagonismo en los años de lucha contra la dictadura cívico militar pero no logró derrocarla para restablecer la democracia. Fue abortado, a fines de los años ochenta, por una coalición de poderes fácticos locales y extranjeros que aceleraron el reemplazo de la Junta Militar por una coalición de civiles dóciles a los dictados del capital extranjero, quienes, desde el 11 de marzo de 1990, gobernaron en beneficio de las elites empresariales y militares, renunciando, de manera implícita y vergonzante, a su compromiso de cambiar el modelo económico y convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta fundamental verdaderamente representativa de la soberanía popular.
Las múltiples, sostenidas y ascendentes movilizaciones sociales lograron desenmascarar el pacto fraudulento que se nos impuso entre 1988 y 1990, que legitimó lo obrado por la Dictadura y excluyó a las mayorías ciudadanas en la toma de decisiones relativas a los asuntos públicos. Los civiles que firmaron ese pacto no estaban autorizados para hacerlo. No tenían la representación de los pueblos de Chile.
Tanto la Concertación de partidos por la democracia como la Alianza por Chile demostraron su esencia continuista y conservadora del régimen impuesto por la dictadura, transformando a nuestro país en una neo colonia en que los dos tercios del Producto Interno Bruto ha pasado a manos del capital extranjero y en que el 1% más rico somete y subordina al resto de la sociedad. Ambos bloques aspiran a que la ciudadanía se resigne a este orden injusto. Les produce pánico que las personas comunes y corrientes puedan participar en los asuntos públicos y decidir acerca de su propio destino como pueblo y como nación.
En el balance de estos 22 años, los poderes fácticos han tomado el control de la política parlamentaria y de los medios de comunicación, silenciando las voces críticas y rebeldes que emanan desde la base social, cooptando o corrompiendo a sectores sindicales, criminalizando y reprimiendo las luchas populares. Siguiendo las aguas de la mayoría de los regímenes europeos, los gobernantes NO RESPONDEN a las demandas populares con diálogo y soluciones redistributivas SINO CON MAS REPRESION, menos libertades, aplicación de LEY ANTITERRORISTA, e instalación de una base militar de EEUU en territorio en Concón, a fin de adiestrar a las fuerzas armadas para el aplastamiento de las manifestaciones ciudadanas.
Los hechos demostraron que el núcleo dirigente de la Concertación, desde 1990, tiene un compromiso duro, inconmovible e incondicional de sometimiento y subordinación a la elite trasnacional que tomó el control del país. Muchos de sus líderes fueron parte activa del golpe militar, avalaron y apoyaron la represión, guardaron silencio por largo tiempo a la violación de los derechos humanos, se beneficiaron de las privatizaciones– un asalto a mano armada contra el patrimonio del Estado de Chile- y se transformaron en los nuevos ricos al amparo del modelo económico. Los poderes fácticos lograron que el liderazgo concertacionista se contentara con las migajas del festín y los privilegios de la burocracia estatal a cambio de cumplir una tarea esencial para la sobrevivencia del sistema: dividir, domesticar y desmovilizar al pueblo.
En 1990 no existió una ruptura sino la continuidad de un sistema que aplasta a los que viven de su trabajo y los mantiene sometidos a los abusos de la plutocracia y de su régimen tramposo y corrupto, autocrático, racista y antinacional. Ello explica en gran medida que más del 60 % de las personas en capacidad de votar se abstuvieron de hacerlo en la elección municipal del año 2012. En importantes comunas del país, los alcaldes fueron elegidos con menos del 14% de los electores habilitados para votar.
Las diversas enmiendas a la Constitución de 1980, pactadas por el duopolio de partidos gobernantes, no alteran su naturaleza autoritaria y plutocrática. Peor aún. Varias de las modificaciones introducidas en el plebiscito de julio de 1989, acordadas por la Concertación y el General Pinochet, la hicieron más refractaria a los cambios de lo que era en su origen. Las histéricas editoriales de EL MERCURIO y LA TERCERA demonizando la Asamblea Constituyente y las destempladas declaraciones de importantes líderes concertacionistas (como el ex ministro Pérez Yoma que declaró: “jamás, en ninguna parte y por ningún motivo”), ponen de manifiesto que las fuerzas conservadoras quieren impedir, a como de lugar, que el pueblo sea consultado, que los ciudadanos puedan decidir su propio destino, porque si ello ocurriera –si se convoca una Asamblea Constituyente- con toda seguridad que el pueblo soberano decidiría recuperar el cobre que fue nacionalizado por la unanimidad del parlamento en 1971; nacionalizaría el agua, protegería nuestro mar y el fondo marino; prohibiría aquella inversión extranjera que genera daños ambientales y destruye el hábitat de las comunidades humanas; recuperaría los fondos previsionales de los trabajadores usurpados a la fuerza por las AFP; respetaría los derechos ancestrales de los mapuche y demás pueblos originarios consagrados en la legislación internacional vigente; impulsaría una enérgica descentralización que permitiera la autonomía administrativa de las regiones; garantizaría una educación estatal de calidad, laica y gratuita; acabaría con el negociado de la salud y de los laboratorios transnacionales; restablecería el rol activo del Estado en la economía; generaría controles y salvaguardas para acabar con la corrupción política y administrativa; terminaría con los privilegios de los altos mandos militares y garantizaría una efectiva participación democrática en todas las esferas de la vida social. En definitiva, si el pueblo fuera consultado quedaría al descubierto que el modelo económico y social prevaleciente en Chile nos fue impuesto por la violencia terrorista del Estado y no por la libre determinación de los ciudadanos.
UN SALTO DE CALIDAD PARA AVANZAR EN EL PROCESO CONSTITUYENTE
Las movilizaciones sociales de los años recientes empalmaron con el clamor nacional por una Asamblea Constituyente, reivindicación ya incorporada en los programas y proclamas de la casi totalidad de la organizaciones sociales a nivel nacional, territorial y sectorial.
Con sus particularidades específicas, incluso con diversos nombres, se organizaron, a lo largo de todo el territorio y en el exterior, instancias unitarias de ciudadanos que provienen de distintas matrices culturales o ideológicas pero que comprenden que ninguna demanda efectivamente democratizadora podrá lograrse a menos que se cambie la Constitución actual.
Si lográramos unir esas fuerzas para pensar y actuar en conjunto podríamos doblegar la resistencia de los poderes fácticos y sus peones parlamentarios. Si continuamos con la división, con los falsos autonomismos y resentimientos del pasado, estamos condenados a la marginalidad, a la irrelevancia y, por tanto, a la derrota.
Enfrentamos el imperativo histórico de erigirnos como una gran fuerza política intransigentemente democrática, que desde las bases sociales abra el surco para el avance de un PROCESO CONSTITUYENTE, requisito indispensable para llegar a nuestra meta con un pueblo organizado, unido y consciente de su derecho inalienable a la autodeterminación.
En la medida que tengamos mayor organización, medios de difusión, capacidad logística, debates abiertos de cara a las bases sociales, una razonable disciplina, pasión y confianza en la victoria, superaremos por lejos a las desprestigiadas y pre-fabricadas cúpulas partidistas que han servido a los intereses antinacionales y antipopulares.
Necesitamos crecer y ganar aliados hasta constituir una clara mayoría social, política y electoral capaz de instalar una Asamblea Constituyente representativa de todos los pueblos de Chile. Pero eso no significa que nos paralicemos ante los cantos de sirena de aquellas cúpulas partidistas que por más de 20 años fortalecieron y legitimaron la institucionalidad antidemocrática y que ahora, más por oportunismo que por convicción, postulan el CAMBIO DE LA CONSTITUCION en el ámbito cerrado y secreto del actual parlamento, de espaldas a la ciudadanía.
Ha llegado la hora en que las organizaciones y liderazgos sociales asuman la dimensión política de sus luchas con un programa que implique un cambio definitivo de rumbo en la sociedad y en el Estado y con una organización unitaria, eficiente y descentralizada que dispute todos los espacios de poder, tanto en la base social como dentro de la institucionalidad actual.
Para ello será necesario superar prejuicios, dogmatismos y metodologías que han conducido al fracaso a muchos otros intentos unitarios en el pasado reciente: el abismo entre teoría y práctica, el aparatismo y organicismo carente de principios, el sectarismo autoreferente, el voluntarismo, el mesianismo, el temor a lo nuevo, la dificultad para admitir otras culturas, otros lenguajes, otros paradigmas, etc.
Debemos estar atentos a depurarnos de todo aquello que fomente la división, el desaliento y la dispersión, entendiendo que construiremos la unidad desde la diversidad, pensando y actuando en escenarios muy distintos, compatibilizando la ética y la política, los principios y las realidades de la lucha cotidiana, los aportes individuales y la potencia de los colectivos.
Lejos de ser un FIN EN SI MISMA, esta fuerza política debe seguir creciendo en el día a día, haciendo camino al andar, cooperando y participando en cada lucha social, por puntual y focalizada que nos parezca, adoptando la magnífica consigna emanada de la gran batalla de Aysén: “tu problema es mi problema”.
En su construcción debemos tener inteligencia y coraje para integrar los diversos factores de cambio que operan en la realidad chilena en concordancia con las aspiraciones a la unidad e integración de los pueblos latinoamericanos.
Su objetivo estratégico será fortalecer el PROCESO CONSTITUYENTE que altere la correlación de fuerzas hasta permitir, por primera vez en la historia de Chile, la fiel expresión de la soberanía popular en una Asamblea Constituyente.
LA COYUNTURA ELECTORAL y la continuidad del duopolio.
Pese a que la ley no permitía el voto de la mujer en 1938, las fuerzas democráticas postularon candidato presidencial y lograron elegir Presidente de la República a don Pedro Aguirre Cerda, cuyo gobierno dio inicio a un conjunto de reformas que permitieron, diez años más tarde, entre otros logros, conquistar el voto para la mujer.
En la actualidad también existe una restrictiva ley electoral que cuenta, sin embargo, con resquicios en los que podemos transitar para el fortalecimiento de nuestros grandes objetivos libertarios.
En los próximos diez meses – tiempo históricamente breve – tendrán lugar elecciones presidenciales y parlamentarias en que las candidaturas conservadoras y continuistas del status quo pretenderán “re-encantar” y re-legitimarse ante una ciudadanía que les ha dado múltiples muestras de rechazo, desconfianza y repudio. Si nuestro movimiento les deja las manos libres para aquello, lograrán que la persistente demanda de Asamblea Constituyente quede relegada a un segundo plano y se institucionalice la alternancia en el gobierno de los dos bloques continuistas y conservadores del status quo, tal como ocurre actualmente en España, EEUU, Alemania, etc., y que el impacto de las recientes protestas callejeras pase al olvido.
Sería un contrasentido y un retroceso político que en esta encrucijada histórica, los movimientos sociales faciliten la prolongación y rotación en el gobierno del duopolio Alianza-Concertación por un nuevo período presidencial y parlamentario. Ni el ausentismo ni el abstencionismo electoral harán mella en la estabilidad política del régimen actual. Por el contrario, para nosotros es necesario que en los próximos diez meses la demanda de Asamblea Constituyente esté presente en el primer plano de la discusión electoral.
Por otra parte, no faltan algunos ingeniosos intelectuales que fomentan una brecha entre “lo social” y “lo político”, lo que implicaría que las bases populares movilizadas acoten sus luchas a un esquema PETICIONARIO, es decir, con derecho a pedir y no exigir, circunscrito a lo que puedan gestionar y negociar las cúpulas parlamentarias del duopolio partidista y el gobierno de turno. Si queremos conquistar LA DEMOCRACIA no podemos transitar hacia ese callejón sin salida.
Estamos abriendo el camino a un proceso histórico de largo aliento, en un escenario en que la correlación de fuerzas es aún adversa, en el que, sin embargo, es posible generar una alternativa ELECTORAL propia, de modo que ningún voto de la ciudadanía consciente y movilizada contribuya a oxigenar las ya decadentes coaliciones del duopolio ALIANZA – CONCERTACION.
En esta encrucijada se dan las condiciones para que la ciudadanía tenga una CLARA ALTERNATIVA y no tenga que optar por “el mal menor”. De ahí la necesidad de que nuestro movimiento y todos los sectores comprometidos con la Asamblea Constituyente definamos los principios, el programa, la organización y el nombre de una candidatura unitaria para enfrentar las elecciones de presidente de la república.
Independientemente que nuestros candidatos sean electos o no, su trabajo estará orientado a fortalecer en la base los cimientos para la construcción de esta NUEVA FUERZA DE CAMBIO SOCIAL, cuyo objetivo central será la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita restablecer en Chile la soberanía popular.
El procedimiento es importante.
Se trata de presentar una candidatura presidencial independiente, que sea inscrita por adhesión ciudadana y no de oficio por algún partido institucional, que se origine en una consulta o evento en que las bases ciudadanas –independientemente de su militancia política- puedan decidir de manera informada, libre y democrática, generando a la vez aquellos mecanismos que le permitan relacionarse e interactuar con el candidato durante todo el período de la lucha electoral, participando efectivamente en las definiciones programáticas, políticas y organizativas.
En el escenario de las candidaturas parlamentarias, éstas necesitan ponderar circunstancias específicas de cada circunscripción o distrito al que se postulan, lo que implica un discernimiento fraternal, democrático y ampliamente participativo de todas las organizaciones y personas concernidas en el territorio.
Para enfrentar la crisis actual, la ciudadanía no requiere de un “hada madrina”, ni un técnico, un sabio, un líder o un mesías que la “ilumine” y la “conduzca” hacia su emancipación. El histórico avance logrado en los años recientes es producto de un liderazgo y un intelectual colectivo, que ha madurado al calor de múltiples batallas, con un marco teórico ampliamente compartido, nutriéndose de las valiosas experiencias de lucha popular en Latinoamérica y en el mundo, con la mente abierta a la búsqueda de entendimientos y consensos con todas las agrupaciones y liderazgos que comparten el anhelo de superación del capitalismo salvaje y su reemplazo por nuevas formas de convivencia que reconozcan en el pueblo chileno el supremo constructor de su propio destino.
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que el procedimiento es importante. Se trata de organizar una fuerza política, de discutir UN PROGRAMA y elegir el nombre de un candidato o candidata cuyo talento, coherencia, coraje y ética genere los consensos colectivos y el mayor impacto posible en el universo electoral. Y no al revés.
Lo estratégico y lo coyuntural:
Esta candidatura será PARTE SUSTANTIVA DEL PROCESO CONSTITUYENTE, y no una aventura personal o sectaria. Necesitamos construir una fuerza social y política unitaria que, independientemente de los resultados de la elección, se erija en un actor gravitante en todas las esferas de las luchas ciudadanas. Del potencial que adquiera esa fuerza, dependerá la mayor o menor relevancia de la persona del candidato(a) en los resultados electorales. Por lo mismo, el candidato debe reunir las condiciones de honestidad, transparencia, trayectoria, conocimiento y coraje para enfrentar la contienda electoral, sabiendo que ésta contribuye a dejar en pie nuestro proyecto histórico, la organización que lo sostenga y miles de adherentes, monitores y voceros a lo largo y ancho del país. Esa será nuestra victoria.
EL SOLO PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA CADA CANDIDATURA DEBERíA POTENCIAR EL PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO, y empoderar el MOVIMIENTO SOCIAL EN SU CONJUNTO para el logro ulterior de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
Se trata de una batalla histórica.
El capital foráneo ha transformado nuestro territorio en su santuario, donde su preponderancia económica y política amenaza con transformarse en una hegemonía cultural, haciendo tabla rasa de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y de nuestras legítimas aspiraciones a una patria libre, grande, próspera, fraterna y solidaria, hermanada con los pueblos hermanos de América Latina.
Si en Chile continúa y se consolida la alternancia de las dos coaliciones que nos fueron impuestas desde la cúpula del poder en 1990, nuestro país será arrastrado hacia el PANTANO DE LA CRISIS, LA MAYOR EXPLOTACION DE LA MANO DE OBRA ASALARIADA, LA DEPREDACION DESPIADADA DE LA NATURALEZA, LA DISCRIMINACION Y CRIMINALIZACION DE LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, DE LOS ESTUDIANTES, SINDICATOS, DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA RESTRICCION A LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS EN GENERAL, Y EN PARTICULAR, AL ABSOLUTO SOMETIMIENTO Y SUBORDINACION A LOS INTERESES DE LAS TRANSNACIONALES MINERAS , AL GRAN CAPITAL FINANCIERO Y A LOS PAISES CENTRALES DEL CAPITALISMO GLOBAL.
Por el contrario, nuestra campaña y nuestras candidaturas deben demostrar que existe un camino para recuperar la soberanía sobre nuestras inmensas riquezas naturales en beneficio de todos los pueblos de Chile y refundar la sociedad y el Estado para construir una patria soberana, libertaria, igualitaria, feliz y próspera, con efectiva participación democrática.
El movimiento por la asamblea constituyente ha conquistado un honroso lugar en el corazón de las chilenas y chilenos porque ha trabajado en la base social y no ha usurpado la representación del pueblo. No ha creado otra estructura burocrática, sino que ha sembrado la semilla para que miles y miles de organizaciones y ciudadanos hagan suya esta aspiración que va más allá de un cambio de gobierno, porque propone un cambio sistémico, de régimen político y de nuevas formas de convivencia basadas en la solidaridad humana y en la defensa irrestricta de la Madre Tierra.
La asamblea constituyente debe ser la bandera principal del período. Es el curso natural que ha de adoptar la lucha democratizadora y el rumbo señero por el que han de transitar las movilizaciones y las esperanzas de todos los pueblos de Chile.
SIC Noticias.
