El caso del jugador de Wanderers, Ronnie Fernández que calificó, en un diario local, lo que vivió como “una tortura” es ilustrativo del actuar de la Policía Militarizada de Carabineros de Chile, que se está haciendo cotidiano, sin que las autoridades civiles, de quienes depende la entidad policiaca, acusen recibo de la enorme cantidad de denuncias que, a través de los medios de comunicación y también en tribunales, se acumulan.
El deportista, según su relato, fue violentamente detenido tras confundirlo con narcotraficantes y para justificarlo todo fue posteriormente acusado de agresión a una carabinera, lo que fue desestimado por los tribunales. Fernández anunció acciones legales contra los uniformados.
Es semejante a lo vivido hace unas semanas por el dirigente de Placilla, Rubén Meza, quien acusó a Carabineros de “vejámenes, amenazas y secuestro” ver en http://www.sicnoticias.cl/?p=4730, sin que hasta ahora se haya aclarado el caso.
Acusado de agresión a carabineros fue puesto en libertad ante la falsa acusación. Meza interpuso acciones legales por su injusta detención.
También ilustran esta nota el sinnúmero de acusaciones en contra de la policía por su actuar en el territorio mapuche, actualmente ocupado por millares de policías fuertemente armados, que agreden sin distinción a niños, mujeres, ancianos y comuneros, cuestión que ha significado severas observaciones de relatores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que han visitado la región.
Mientras las autoridades miran para el lado han ocurrido asesinatos, como el de Matías Catrileo, que permanece prácticamente impune, no olvidar que, en tribunales, se comprobó la manipulación de pruebas por parte del actual Jefe de la represión en la zona el General Iván Bezmalinovic.
Abona a este escenario el aparatoso despliegue, de este general, para presentar a los tribunales al conocido defensor de la causa mapuche, el ex religioso jesuita Luis García Huidobro, que desde Concepción se desplazo en helicóptero para que el detenido finalmente quedara en libertad con firma quincenal. Se dice que se trató del mismo aparato que empleó para realizar un trámite personal en las últimas elecciones presidenciales.
Este y otros comprobados montajes, como los que han afectado a Daniel Melinao, Emilio Berkhoff, entre otros, no han ameritado la intervención y adopción de medidas por parte de la autoridad, para poner fin a estas deleznables prácticas.
Muerte de personas que están en manos de Carabineros que son presentadas como casuales, fortuitas o suicidios, montajes contra luchadores sociales, especialmente contra jóvenes estudiantes como el conocido caso bombas que recientemente han afectado a los estudiantes Bryan Seguel y Camilo Díaz de la Universidad de Chile. Abusos sexuales contra detenidas, toda clase de violencia verbal y física contra personas indefensas que están en su manos, son pan de cada día sin que, hasta ahora, nadie haga algo para detener esta ola de violencia desenfrenada de quienes, se supone, están para cumplir y hacer cumplir las leyes.
Aún permanece en la retina la despiadada represión policial a los movimientos sociales de Aysén y de Freirina, cuyas víctimas directas aún sufren las secuelas de la irracional represión de la que fueran objeto sin que hasta ahora se conozca cuestionamiento alguno a quienes fueron los jefes de esos operativos, tan horrorosos como ineficientes.
El silencio, a esta altura cómplice, del Ministerio del Interior, de quien depende directamente la policía, permite pensar que se está de acuerdo con esta violencia inusitada que se despliega no sólo en las manifestaciones masivas , sino que también en procedimientos habituales en que se violan los derechos humanos de los detenidos.
Esta actitud, de quienes tienen la autoridad y control sobre la policía, no tiene explicación, salvo que se esté de acuerdo en este actuar doloso y contrario a los más elementales derechos de las y los ciudadanos.
Gobernadores e Intendentes, de quienes depende la policía a nivel local, a su vez, actúan como si está violencia no ocurriera, renuncian en la práctica a su papel de mando sobre los uniformados y dejan hacer sin tomar el toro por las astas, sin embargo corren a presentar querellas y demandas contra supuestos “violentistas” que pronto son liberados por los tribunales, como ocurrió en Concepción con el dirigente estudiantil Recaredo Gálvez y en Valparaíso con Pedro Quezada Neculman.
En muchas ocasiones sin éxito, ante la burla, cuando no los insultos de los oficiales policiales, hemos intentado hacerles ver lo indigno y errado de su proceder, actúan como una banda de forajidos, envalentonados por su casi segura impunidad y abusan sin compasión de aquellos que tienen la mala fortuna de caer en sus manos. Ver https://www.youtube.com/watch?v=9fal1_vAZVM
¿Qué se busca con ello? Es difícil de responder, quizás recordarle a la ciudadanía la impunidad que permanece sobre los agentes del Estado que asesinaron, desaparecieron y torturaron a miles de chilenos durante la dictadura y de este modo intentar, en el actual contexto, paralizarla en la lucha creciente por sus derechos
Será, quien sabe, un temor reverencial a la reacción de los uniformados si es que alguna autoridad se pone en su lugar y llama al orden y al respeto que deben tener los policías con los ciudadanos y ciudadanas.
Es peligroso este mirar para el lado de la autoridad, y en esto caben tanto las de gobierno como las parlamentarias, pues podría a arrastrar a que más de alguien, al verse desprotegido, en sus derechos y dignidad, reaccione buscando justicia por sus propias manos. Se trata de una espiral, que de producirse, tendría responsables con nombre y apellido, que inexplicablemente, han dejado abandonados a los ciudadanos a merced de una cuerpo policial que tienes muchas manchas en su currículum, que más parece prontuario, cómo para dejarlo sin fiscalización y debido control sobre su actuar.
Por Edgar Guíñez M., Director de SICNoticias.cl y Comunicador Social autodidacta.
